Un Franco ya senil y derrotado, a través de su Ministro de Exteriores Pedro Cortina, firmó un 5 de julio de 1975 la adhesión de España al Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico (Londres 1969). Esa firma llevó 10 años después a la publicación de nuestra ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.
El proceso legislativo sigue hoy vigente y hace unas semanas, la ley extremeña ha publicado algunas modificaciones. No será el último movimiento, tampoco a nivel (inter)nacional. El pasado 24 de enero el senado dio luz verde a dos eventos que pueden ser históricos para la gestión de nuestro patrimonio (no sé si para bien o para mal). Por un lado se denuncia el Convenio de Londres [significa que nos retiramos] y por otro lado se ratifica la Convención Europea para la protección del Patrimonio Arqueológico (La Valleta 1992).
Esta convención supuso, entre otras cosas, que la ley 16/85 se quedaba corta en los acuerdos internacionales y no en vano, algunas Comunidades Autónomas incluyeron muchos de los aspectos a los que se hacía referencia en la Convención de Malta.
Me pregunto qué pasará ahora. Si en los próximos meses habrá movimientos legislativos o no. El hecho de ratificar la Convención de Malta significa que lo que en ella se dice es de obligado cumplimiento en nuestro país.
Si leemos detenidamente la Carta (ver aquí) nos damos cuenta de que la mayoría de las Comunidades Autónomas recogen ya buena parte de las premisas en sus leyes (no así la 16/85). Artículos como el 5 (d y e), 6, 7 y 9 van a ser esenciales para promover el cambio en la gestión del Patrimonio Arqueológico. ¿Lo llegaremos a ver? Al menos tenemos una herramienta nueva para reclamar reformas. Nos ha llevado 19 años ratificar este convenio. Espero que no nos lleve otros 19 años aplicarlo. Aunque teniendo en cuenta que tras una reforma de la ley nacional vienen 17 reformas más en las Comunidades Autónomas...
Así que mientras los sueños se hacen realidad, sigamos pidiendo reglamentos.
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